Luego de siglos de arduo bregar, las mujeres aún no han logrado el empoderamiento anhelado y requerido para encaminar la justicia social y el desarrollo sostenible delineado en la Agenda 2030. Por su parte, las mujeres rurales tienen, bajo la lupa de la interseccionalidad, uno o más desafíos a enfrentar según se definan estos: el continuo rural-urbano, el fatalismo geográfico, la «otra» geografía o la masculinización del medio rural.

Los empoderamientos femeninos rural y agrario, pueden parecer utopías para los contemporáneos, sin embargo los avances notorios alcanzados, incluso con sus retrocesos y depresiones, legitiman el camino y las metas a seguir; solo basta revisar y ajustar los medios para desandar y andar los contextos actuales y sus contradicciones, en pos del propósito.

Los contextos actuales de los empoderamientos femeninos, sea rural o agrario, se embarcan en la contradicción de contar con marcos legislativos avanzados y políticas pertinentes que blandean su implementación frente al sistema patriarcal y sus formas estructurales y culturales. Desde la segunda mitad del siglo anterior, las mujeres han obtenido apoyo de diversas organizaciones mundiales como la Organización de Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFP), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) —todas por sus siglas en inglés—, por mencionar algunas. No obstante, los resultados logrados son insuficientes y han dependido en gran medida de los paradigmas y la voluntad política de los gobiernos correspondientes, del sistema de organización agraria vigente y la representación social predominante.

Nuevas oportunidades de género en el acceso y control de recursos agroproductivos, educacionales y tecnológicos, la mejoría del nivel de participación femenina en los sistemas agroalimentarios locales, respeto y humanización del trabajo agropecuario femenino, leyes y políticas contra la discriminación y explotación laboral de las mujeres, así como acciones positivas hacia el empoderamiento femenino en la rama agropecuaria, constituyen algunos de los adelantos significativos promovidos. Sin embargo, puede notarse un doble rasero, que devela el empoderamiento femenino, rural o agrario, como instrumento económico y productivo. La oportunidad, el acceso, el control, la participación o la necesidad básica resuelta en clave asistencialista pueden responder a un bien común mayor como la producción agropecuaria, la alimentación, la nutrición y la seguridad, pero ello no garantiza la equidad de género y, por ende, un verdadero empoderamiento. Algunas expresiones a continuación así lo evidencian.

Las mujeres deben empoderarse en el sector agropecuario porque representan, aproximadamente, a la mitad de la mano de obra agropecuaria, de acuerdo con cifras de la FAO, como agentes de cambio. Además, la equidad de género es esencial para lograr la seguridad alimentaria, la nutrición y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Lo que requiere, entre otros factores, erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres en la agricultura y la ganadería para aumentar la productividad agropecuaria de manera significativa. Al mismo tiempo, estos y otros organismos y organizaciones internacionales reconocen, visibilizan e intentan mitigar o solucionar las limitaciones y amenazas que rodean al empoderamiento femenino rural y agrario. La región de América Latina y el Caribe no es la excepción.

El empoderamiento femenino en las ruralidades, la agricultura y la ganadería en la región latinoamericana y caribeña posee profundas desventajas. Las productoras agropecuarias no tienen el mismo acceso que los hombres a los recursos agroproductivos, servicios, tecnologías, agromercados, activos financieros e instituciones locales. Ellas trabajan de manera informal y poseen poca o nula participación en los sistemas locales de innovación en la agroproducción de alimentos. Se tienden a reducir sus oportunidades económicas y la creación de políticas de protección y promoción de la equidad de género en la producción agropecuaria; a la vez, que aumenta su carga de trabajo y se intensifica la violencia contra la mujer en los ámbitos público y privado.

En Cuba, el empoderamiento de las mujeres en las ruralidades, la agricultura y la ganadería se presenta en los programas y políticas públicas correspondientes al sector, lo que demuestra la institucionalidad de la equidad de género. Varios documentos rectores de la nación así lo afirman: desarrollar una política integral que estimule la incorporación y estabilidad de la fuerza laboral agrícola femenina, para que simultáneamente con la introducción de las nuevas tecnologías en la agricultura se garantice el incremento de la producción agropecuaria; e incluir en los ejes estratégicos, el desarrollo humano, la equidad y justicia social, entre otros.

También la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), principal institución defensora de los derechos de las mujeres en Cuba, desarrolla, por decreto presidencial, el Programa Adelanto para la Mujer (PAM), como muestra de la intención del gobierno y el estado cubanos de priorizar el empoderamiento femenino en todos los sectores, incluido el sector agropecuario; donde se propicia la participación de las mujeres productoras, sobre todo jóvenes, en fuentes de empleo diversas, dada la necesidad de incrementar su presencia en este sector. Se profundiza en los análisis con enfoque de género y su aplicación práctica, en los temas referidos a la importancia o papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, el acceso a la información, la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático, las condiciones de trabajo de las mujeres y las expresiones de violencia en el espacio laboral.

El empoderamiento de las productoras agropecuarias promovido por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) y el Ministerio de la Agricultura (Minag) constituye un tema actual de apremiante interés que sitúa las demandas en función de: la participación social y política de las mujeres rurales para la toma de decisiones, la seguridad alimentaria con enfoque de equidad de género, la incorporación de la fuerza laboral femenina en la estructura agroproductiva, al trabajo digno, a la educación y al acceso equitativo de los recursos materiales y sociales. En el 2005, la Anap aprueba su Estrategia de Género y en el 2015 lo hace el Minag, con objetivos comunes de potenciar el liderazgo y la participación femeninas, así como la equidad de género en el sector agropecuario y el ámbito rural.

Hoy, 15 de octubre de 2024, se puede considerar uno de los mejores homenajes por el día de las mujeres rurales, la implementación de la Estrategia de género del sistema de la agricultura a nivel territorial, institucional y municipal, de manera consciente y sistemática.

Por Dr. C. Jaime García, profesor del Departamento de Marxismo